Madryn: el Concejo Deliberante creó un «impuesto al viento»

Genneia PE Madryn

El Concejo Deliberante creó un impuesto a las empresas que tienen molinos de viento en la zona, algo así como un «impuesto al viento».

A partir de enero, las empresas que generan energía renovable deberán abonar una tasa municipal por el trabajo de las aspas. Esto generó alarmas en el mundo de las empresas del rubro ya que se deberá pagar alrededor del % 4,5 de la facturación.

Hasta ahora no había demasiado que cobrarle a las empresas mas que los impuestos provinciales, pero el ingenio de la política local generó una alternativa para mejorar la recaudación. Entre noviembre y diciembre de 2019, ya con las inversiones instaladas, el municipio decidió extender su potestad tributaria sobre los parques eólicos. Sin embargo, aunque los campos donde se emplazaron los molinos estaban cerca, aun estaban fuera del ejido territorial del municipio.

Entonces llegó la innovación. La legislatura provincial aprobó duplicar la extensión del ejido municipal (que hoy tiene 33.000 hectáreas, contra 20.000 de la Ciudad de Buenos Aires) y los emprendimientos quedaron dentro del territorio sometido a jurisdicción municipal. De esta manera, los dos principales, uno de Aluar y el más grande, de Genneia, una empresa del grupo Macro, empezaron a ser objeto de impuesto.

La norma se aprobó pese a que el artículo 225 de la Constitución de Chubut establece que la determinación territorial del municipio «tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales» y que en esos campos no hay ninguna prestación municipal.

El terreno, literalmente, estaba preparado. Entonces llegó «la tasa». Mediante la ordenanza 11.349, la municipalidad extendió a los titulares de los parques eólicos la responsabilidad por el pago de dos tasas.

La primera, por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental. De acuerdo al artículo 173 del Código Tributario, esta tasa supuestamente retribuye «los servicios municipales, de inscripción, habilitación, inspección, contralor, salubridad, seguridad e higiene y control ambiental, que tiendan al bienestar general de la población (.) aun cuando el ejercicio de la actividad comercial, industrial, profesional o de servicio no requiera de un establecimiento habilitado», dice un informe técnico de un estudio de abogados contratado por las cámaras. 

La segunda, por Construcción de Obras Particulares y Obras realizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obliga a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras «se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020».

Esta semana hubo un cambio: la primera de las tasas, que se calculaba en función de los metros cuadrados del predio, como cualquier otra empresa, varió su base de cálculo. Ahora, los parques eólicos, en vez de pagar por superficie, pasarán a hacerlo dependiendo de la producción. Se consagró el impuesto al viento.

La norma puso en alerta a la Cámara Eólica Argentina. No es para menos. El nuevo régimen de tasas significa alrededor de 4,5% de la facturación de los emprendimientos de energía limpia. «Como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por estas razones, las llamadas ‘tasas’ constituyen en realidad verdaderos impuestos, vedados por el régimen constitucional general de reparto jurisdiccional en materia impositiva», dice una carta enviada por la cámara a la Legislatura de la provincia de Chubut.

Fuentes de Aluar, una de las empresas que tiene un parque eólico que entrega energía al sistema interconectado, además de utilizar una parte de la producción para consumo de la planta de aluminio, dijeron a LA NACION que «esta nueva modalidad dictaminada es mucho más preocupante y gravosa que el formato de tasa incorporado a principios de este año, el cual no corresponde para este tipo de proyectos».

Habrá reclamos judiciales, incluso acompañados por la cámara. «El departamento de Legales está estudiando los pasos a seguir en base a esta nueva normativa», confirmaron en Aluar. El principal argumento de las empresas es que la energía limpia, según el artículo 17 de la ley 27.191, eximió a «el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía» de «cualquier clase de tributo específico, canon o regalía».

En Chubut las cuentas no cierran y la provincia no puede hacer frente ni siquiera a los sueldos de estatales o docentes. Incluso, varios de los nuevos impuestos tienen un fuerte apoyo de los gremios estatales, afectados por la falta de dinero para pagar salarios.

FUENTE: LA NACIÓN / Por: Diego Cabot

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